El Gobierno aprueba en Consejo de Ministros destinar 160 millones de euros para que las comunidades autónomas ejecuten el Pacto de Estado contra la Violencia de Género
El Ejecutivo da el visto bueno a la propuesta de reparto autonómico de los fondos del Pacto de Estado.
Una vez aprobada la propuesta, irá a la Conferencia Sectorial de Igualdad donde tendrá que ser ratificada por las comunidades autónomas.
En rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la titular de Igualdad, Ana Redondo, ha detallado que 140,2 millones de euros irán destinados al desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, mientras que los 19,8 millones restantes se invertirán en distintos programas y planes autonómicos destinados a las víctimas de violencia de género y de violencias sexuales.
En concreto, esos 19,8 millones -recogidos en los presupuestos de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género- financiarán el desarrollo de cuatro programas a lo largo de 2024.
Así, 8,5 millones se destinarán a programas de asistencia social integral para mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos e hijas menores de edad.
Otro millón se destinará a programas para la mejora de la coordinación y puesta en marcha de planes personalizados de atención a las víctimas de violencia de género.
Otros 9,5 millones de euros financiarán programas para el apoyo a víctimas de agresiones sexuales y los 800.000 euros restantes corresponden a programas de prevención de explotación sexual a menores tuteladas.
Violencia vicaria
Redondo ha recordado que en la actualidad hay una subcomisión en el Congreso que tiene como objetivo revisar las medidas del pacto, reforzarlas e incorporar otras nuevas, como por ejemplo aquellas que permitan combatir la violencia vicaria.
La ministra de Igualdad ha destacado el esfuerzo presupuestario que ha permitido incrementar en un 40 % en dos años la partida destinada a este pacto.
El reparto de las cuantías se concretará en la próxima Conferencia Sectorial de Igualdad, prevista para el próximo 29 de abril, donde tendrá que ser ratificada por las comunidades autónomas.
