En España se calcula que hay en la actualidad unas 600.000 empleadas del hogar y de los cuidados, un colectivo feminizado y que integran, fundamentalmente mujeres migrantes.
Sus jornadas laborales pueden llegar a las 80 horas semanales, pero además, su actividad está recogida en el Régimen General de la Seguridad Social, lo que supone que no tienen derecho a paro.
Esta precarización generalizada le ha costado ya a nuestro país una sanción de la Unión Europea. La justicia comunitaria ha dictaminado que España discrimina a las trabajadoras del hogar por negarles el paro.
